Santo Domingo, República Dominicana. — El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, cuestionó este jueves el incremento del impuesto de circulación vehicular, conocido como marbete, y sostuvo que los ajustes acumulados en diferentes servicios e impuestos representan una presión económica adicional para las familias dominicanas.
El legislador de la Fuerza del Pueblo reaccionó al anuncio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que estableció nuevos montos para la renovación del marbete correspondiente al período 2026-2027.
Nuevas tarifas del marbete
Con la disposición, los vehículos fabricados hasta el año 2021 pagarán RD$2,000, mientras que los modelos de 2022 en adelante deberán pagar RD$4,000.
En comparación con las tarifas anteriores, el aumento será de RD$500 para muchos vehículos antiguos y RD$1,000 para los modelos más recientes. Los vehículos fabricados en 2021 constituyen una excepción, pues pasan a una categoría de menor costo.
Senador denuncia presión sobre el bolsillo
Fernández afirmó que, desde su perspectiva, el Gobierno está realizando una reforma fiscal de manera gradual, mediante ajustes que terminan acumulándose en los gastos de los ciudadanos.
El congresista señaló que el problema no se limita al marbete y mencionó los aumentos de peajes, los costos asociados a operaciones bancarias y las tarifas de determinados documentos y servicios públicos.
También expresó preocupación por los efectos que algunos cargos administrativos pueden tener sobre el costo de la vivienda y las operaciones de las empresas.
DGII explica el incremento
La Dirección General de Impuestos Internos indicó que las tarifas del marbete no habían sido incrementadas desde 2016.
La institución explicó que el ajuste de aproximadamente un 33.3 % se encuentra por debajo de la inflación acumulada durante ese período, que situó en un 58.1 %.
Las autoridades estiman recaudar RD$4,700 millones durante la temporada 2026-2027.
¿Hasta cuándo se puede renovar?
El proceso de renovación comenzó el 29 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027.
Los propietarios que no cumplan con el plazo establecido enfrentarán recargos.
El aumento ha reabierto el debate sobre la necesidad de incrementar las recaudaciones públicas y el impacto de esas decisiones sobre la economía familiar.
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