MIAMI.- Un jurado federal declaró culpables este viernes a Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages por su participación en la conspiración para secuestrar o asesinar en Puerto Príncipe al presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021.
Con este fallo, ya son nueve los implicados condenados en Estados Unidos por el magnicidio, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos.
Otros cinco acusados ya habían sido sentenciados a cadena perpetua, mientras que una sexta persona recibió una pena de nueve años de prisión tras determinarse que no conocía el plan al financiar el envío de chalecos antibalas.
DETALLES DEL JUICIO
El veredicto fue emitido por un panel de 12 jurados tras 39 días de juicio en un tribunal federal de Miami, bajo la supervisión de la jueza de distrito Jacqueline Becerra.
Según la acusación, los condenados conspiraron en el sur de Florida para organizar el secuestro y posterior asesinato de Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en su residencia privada en Pétion-Ville, a las afueras de Puerto Príncipe, a manos de un grupo de mercenarios.
Documentos judiciales señalan que entre febrero y julio de 2021 el sur de Florida funcionó como centro de planificación y financiamiento del complot para derrocar al mandatario haitiano y reemplazarlo por alguien alineado con los intereses políticos y económicos de los conspiradores.
OBJETIVOS DE LA CONSPIRACION
El objetivo era que el médico haitiano Christian Sanon asumiera la presidencia y posteriormente adjudicara contratos a una empresa con sede en Doral vinculada a Intriago y Ortiz, mientras que Solages actuaba como enlace en Haití. Por su parte, Veintemilla habría financiado la operación a través de su compañía Worldwide Investment Development Group.
Sanon también estaba previsto para ser juzgado en este caso, pero su proceso fue separado por motivos de salud y se celebrará en una fecha aún por determinar.
Las autoridades indicaron que el plan fue inicialmente presentado a los mercenarios colombianos como una operación de arresto legal con respaldo de agencias estadounidenses, en parte debido a que algunos implicados tenían vínculos previos como informantes del FBI y de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Sin embargo, según testimonios, la operación derivó en asesinato tras fallidos intentos de captura.
Más de 50 personas han sido acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado debido a la grave inseguridad.
El asesinato del mandatario desató una profunda crisis en Haití, con un vacío de poder que facilitó el control de bandas armadas y agravó la situación humanitaria.
Esto ha impulsado una ola migratoria hacia otros países, especialmente hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, en medio de intentos del gobierno del presidente Donald Trump por revocar esa medida, bloqueados hasta ahora por tribunales.
