El OIEA confirmó este viernes que participó en el reciente traslado de Venezuela a Estados Unidos de 13 kilos de uranio enriquecido a poco más del 20 %, proveniente del combustible de un reactor en desuso, en una operación realizada bajo estrictas medidas de seguridad.

También autoridades del Reino Unidos estuvieron involucradas en esta acción, indicó en un comunicado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

«En el marco de una operación compleja y delicada, los tres países implicados —el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela— y el OIEA colaboraron estrechamente para garantizar que la carga de 13 kilogramos de uranio altamente enriquecido fuera transportada de forma segura por tierra y mar desde Sudamérica hasta Norteamérica», indica la nota.

A finales de abril, un convoy nocturno protegido por el ejército venezolano partió del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), a 15 kilómetros al suroeste de Caracas, hacia la ciudad portuaria de Puerto Cabello, donde el contenedor de combustible fue cargado en un barco británico, que inmediatamente se dirigió a los Estados Unidos.

El combustible fue traslado luego hasta al emplazamiento de Savannah River del Departamento de Energía de los Estados Unidos, en Carolina del Sur, donde llegó a principios de mayo en perfecto estado, aseguró el organismo.

El uranio, en forma de combustible nuclear enriquecido a poco más del 20% del isótopo fisionable uranio-235, fue sacado del reactor de investigación del IVIC, que estaba fuera de servicio desde 1991.

Durante las tres décadas de su vida útil, el reactor venezolano utilizó combustible nuclear que contenía uranio procedente tanto de Estados Unidos como del Reino Unido.

«Tras esta misión, ya no queda combustible en el reactor», aseguró el OIEA, la agencia del sistema de Naciones Unidas encargada de velar por el uso pacífico de la tecnología nuclear.

El organismo con sede en Viena lleva años apoyando los esfuerzos internacionales para eliminar el uranio altamente enriquecido de los reactores de investigación en todo el mundo con el fin de reducir los riesgos de proliferación asociados con el uranio enriquecido a niveles más altos.

Si bien la mayoría de los reactores de investigación se construyeron en las décadas de 1960 y 1970 requería uranio altamente enriquecido para realizar experimentos científicos, hoy en día gran parte de estas actividades se pueden llevar a cabo utilizando uranio de bajo enriquecimiento (LEU), en el que la concentración de uranio-235 es inferior al 20 %, explica el OIEA. 

MIAMI.- Un jurado federal declaró culpables este viernes a Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages por su participación en la conspiración para secuestrar o asesinar en Puerto Príncipe al presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021.

Con este fallo, ya son nueve los implicados condenados en Estados Unidos por el magnicidio, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos.

Otros cinco acusados ya habían sido sentenciados a cadena perpetua, mientras que una sexta persona recibió una pena de nueve años de prisión tras determinarse que no conocía el plan al financiar el envío de chalecos antibalas.

DETALLES DEL JUICIO 

El veredicto fue emitido por un panel de 12 jurados tras 39 días de juicio en un tribunal federal de Miami, bajo la supervisión de la jueza de distrito Jacqueline Becerra.

Según la acusación, los condenados conspiraron en el sur de Florida para organizar el secuestro y posterior asesinato de Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en su residencia privada en Pétion-Ville, a las afueras de Puerto Príncipe, a manos de un grupo de mercenarios.

Documentos judiciales señalan que entre febrero y julio de 2021 el sur de Florida funcionó como centro de planificación y financiamiento del complot para derrocar al mandatario haitiano y reemplazarlo por alguien alineado con los intereses políticos y económicos de los conspiradores.

OBJETIVOS DE LA CONSPIRACION 

El objetivo era que el médico haitiano Christian Sanon asumiera la presidencia y posteriormente adjudicara contratos a una empresa con sede en Doral vinculada a Intriago y Ortiz, mientras que Solages actuaba como enlace en Haití. Por su parte, Veintemilla habría financiado la operación a través de su compañía Worldwide Investment Development Group.

Sanon también estaba previsto para ser juzgado en este caso, pero su proceso fue separado por motivos de salud y se celebrará en una fecha aún por determinar.

Las autoridades indicaron que el plan fue inicialmente presentado a los mercenarios colombianos como una operación de arresto legal con respaldo de agencias estadounidenses, en parte debido a que algunos implicados tenían vínculos previos como informantes del FBI y de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Sin embargo, según testimonios, la operación derivó en asesinato tras fallidos intentos de captura.

Más de 50 personas han sido acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado debido a la grave inseguridad.

El asesinato del mandatario desató una profunda crisis en Haití, con un vacío de poder que facilitó el control de bandas armadas y agravó la situación humanitaria.

Esto ha impulsado una ola migratoria hacia otros países, especialmente hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, en medio de intentos del gobierno del presidente Donald Trump por revocar esa medida, bloqueados hasta ahora por tribunales.