WASHINGTON, EE. UU. – Una coalición integrada por 25 estados estadounidenses, liderados por gobernadores y fiscales generales demócratas, presentó una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump para impugnar la más reciente ronda de aranceles aplicada a decenas de países. Los demandantes sostienen que la medida excede las facultades legales del mandatario y tendrá un impacto negativo sobre consumidores, empresas y gobiernos estatales.
La acción judicial fue depositada ante el Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York. Según los fiscales, la Casa Blanca utilizó de manera indebida disposiciones de la Ley de Comercio de 1974 para imponer gravámenes generales a las importaciones, una estrategia que, aseguran, contradice recientes decisiones de la Corte Suprema sobre el alcance de los poderes presidenciales en materia comercial.
Los estados argumentan que los nuevos aranceles incrementarán los costos de bienes importados, afectarán la competitividad de las empresas y terminarán elevando los precios para millones de consumidores estadounidenses. También advierten sobre posibles repercusiones en las cadenas globales de suministro y en las relaciones comerciales de Estados Unidos con sus principales socios.
Hasta el momento, la Administración Trump ha defendido la medida al sostener que busca proteger la industria estadounidense y combatir prácticas comerciales que considera desleales. Se espera que el caso genere un nuevo debate sobre el alcance de las facultades presidenciales en materia de comercio internacional.

