El presidente asegura que el Congreso aprobará las modificaciones consensuadas antes de la entrada en vigor de la nueva legislación
SANTO DOMINGO. — El presidente Luis Abinader afirmó que las modificaciones al nuevo Código Penal serán aprobadas antes del 3 de agosto, fecha en la que está previsto que entre en vigencia la normativa, tras asegurar que el proyecto con los cambios ya fue remitido al Congreso Nacional.
Durante una entrevista, el mandatario reconoció que la revisión de algunos artículos debió iniciarse inmediatamente después de la aprobación del Código Penal. Sin embargo, expresó su confianza en que el Poder Legislativo concluirá el proceso dentro del plazo establecido.
⚖️ Gobierno apuesta por un consenso
Abinader explicó que las modificaciones fueron elaboradas luego de varias semanas de diálogo con periodistas, representantes de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar un texto equilibrado y consensuado.
Según el jefe de Estado, las propuestas buscan corregir aspectos que han generado inquietud sin alterar la esencia del nuevo Código Penal.
🏛️ Libertad de expresión entre los principales temas
Uno de los puntos que motivó la revisión está relacionado con la protección de la libertad de expresión y el equilibrio con otros derechos fundamentales, como la intimidad, el honor y la dignidad de las personas.
El mandatario sostuvo que el crecimiento de las redes sociales y los nuevos escenarios digitales plantean desafíos que requieren una actualización del marco legal.
📑 El Congreso tendrá la última palabra
Las modificaciones ya fueron depositadas en el Congreso Nacional, donde deberán ser conocidas y aprobadas antes de la fecha límite para evitar retrasos en la aplicación de la ley.
El presidente manifestó su confianza en que los legisladores actuarán con rapidez para que el Código Penal entre en vigor con los ajustes acordados.
🇩🇴 Reforma clave para el sistema judicial
El nuevo Código Penal sustituirá una legislación con más de un siglo de vigencia e incorpora nuevas figuras delictivas, penas más severas para diversos crímenes y herramientas jurídicas adaptadas a los desafíos actuales.
Con las modificaciones propuestas, el Gobierno busca reducir las controversias surgidas tras la promulgación de la ley y garantizar una implementación con mayor respaldo social.
