La organización reclama garantías para proteger a la población civil y exige que las operaciones de seguridad se desarrollen conforme al derecho internacional.
PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ. — Amnistía Internacional hizo un llamado a los gobiernos de Haití y El Salvador para que garanticen el respeto a los derechos humanos durante las operaciones contra las bandas armadas que mantienen bajo amenaza a numerosas comunidades haitianas.
La advertencia se produce en medio de informaciones sobre el despliegue de más de 2,000 militares salvadoreños en Puerto Príncipe, como parte de los esfuerzos dirigidos a enfrentar la violencia de las organizaciones criminales.
Piden garantías durante las operaciones
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dirigió su exhortación al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
La representante de la organización pidió asegurar que las intervenciones militares respeten el derecho internacional y cuenten con mecanismos efectivos para prevenir posibles abusos.
El pronunciamiento pone especial atención en la necesidad de proteger a los civiles durante las acciones de seguridad.
Seguridad y derechos humanos
La crisis de violencia en Haití ha provocado una creciente preocupación internacional por la situación de sus habitantes y la capacidad de las autoridades para recuperar el control territorial.
En ese contexto, Amnistía Internacional plantea que las operaciones contra las pandillas deben desarrollarse dentro de un marco legal que garantice la protección de los derechos fundamentales.
La organización reclama que la lucha contra los grupos armados no dé lugar a actuaciones contrarias al derecho internacional.
Un llamado a la responsabilidad de ambos gobiernos
El pronunciamiento representa una exhortación preventiva y no constituye, por sí mismo, una denuncia de violaciones específicas cometidas por los militares salvadoreños.
La organización insiste en que las autoridades haitianas y salvadoreñas tienen la responsabilidad de garantizar que las medidas de seguridad incluyan mecanismos de prevención y protección de la población.
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