San Juan, Puerto Rico. — La comunidad dominicana residente en Puerto Rico enfrenta un clima de preocupación e incertidumbre ante los recientes operativos migratorios realizados por agentes federales estadounidenses en sectores con una importante presencia de inmigrantes.
Las intervenciones se han concentrado en comunidades como Barrio Obrero, Villa Palmeras, Capetillo y Río Piedras, donde residentes y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian procedimientos agresivos y situaciones de intimidación.
Calles vacías y familias con miedo
En Barrio Obrero, Santurce, comerciantes y residentes aseguran que los operativos han provocado una reducción de la actividad cotidiana.
Francia Pimenteri, integrante de la comunidad dominicana, relató que algunas personas evitan salir de sus viviendas, acudir a las iglesias o reunirse en lugares donde tradicionalmente buscan oportunidades de trabajo.
La preocupación también se extiende a familiares de inmigrantes detenidos, quienes enfrentan incertidumbre sobre su situación y posibles procesos de deportación.
Denuncian uso excesivo de fuerza
José Rodríguez, portavoz del Comité Dominicano de Derechos Humanos de Puerto Rico, denunció que las intervenciones recientes han sido más agresivas que las realizadas anteriormente.
El dirigente aseguró haber observado agentes portando armas largas y denunció amenazas y posibles maltratos durante algunas detenciones.
Estas acusaciones requieren investigaciones que permitan determinar las circunstancias de cada intervención y establecer si se vulneraron derechos civiles.
Alcalde de San Juan retira apoyo municipal
Ante las denuncias, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, instruyó a la Policía Municipal y a otras dependencias del ayuntamiento a no participar ni prestar apoyo a los operativos de control migratorio.
El funcionario también solicitó explicaciones a las autoridades federales sobre los procedimientos empleados durante las redadas.
Romero sostuvo que todas las personas, independientemente de su condición migratoria, deben recibir un trato digno y contar con las garantías legales correspondientes.
ICE mantiene sus operaciones
Las intervenciones forman parte de la política de control migratorio del Gobierno estadounidense.
Las autoridades federales sostienen que sus acciones responden a la aplicación de las leyes migratorias, mientras organizaciones de derechos civiles cuestionan los métodos utilizados y denuncian posibles detenciones basadas en la apariencia física o el origen de las personas.
No se ha divulgado un balance completo y verificado de los dominicanos detenidos específicamente durante los operativos más recientes.
Preocupación por el futuro de las familias
Los acontecimientos han reabierto el debate sobre los derechos de los inmigrantes y las consecuencias sociales de las operaciones de detención y deportación.
Para numerosas familias dominicanas establecidas en Puerto Rico, la principal preocupación es la posibilidad de separaciones familiares y las dificultades para continuar sus actividades laborales y comunitarias.
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