Jimaní, República Dominicana. — La Dirección General de Migración (DGM) informó este martes que durante los operativos efectuados el lunes 26 de octubre fueron detenidos 294 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular en seis provincias del Sur del país.
Las intervenciones forman parte de las acciones de control migratorio desarrolladas por las autoridades dominicanas en la zona fronteriza y otras localidades, mientras Haití continúa enfrentando una crisis de seguridad.
Elías Piña y San Juan registraron más detenciones
De acuerdo con el informe oficial, Elías Piña encabezó las detenciones con 88 personas, seguida de San Juan con 65 y Pedernales con 40.
En Independencia se registraron 38 detenciones, mientras Bahoruco contabilizó 32 y Azua otras 31.
Las autoridades desplegaron equipos en puestos de vigilancia, carreteras y puntos estratégicos utilizados para el tránsito entre distintas comunidades.
Operativos en Jimaní, Azua y otras localidades
En Independencia, las acciones se concentraron en Jimaní, uno de los principales puntos de conexión terrestre entre República Dominicana y Haití.
En Azua, los agentes realizaron intervenciones en el peaje de la circunvalación y el puesto militar de La Mallita.
La institución también informó sobre labores de vigilancia en localidades de Barahona y otras áreas de la región Sur.
Más de mil detenidos en todo el país
El informe de Migración señala que la jornada nacional concluyó con 1,252 extranjeros detenidos y 1,061 personas procesadas para su repatriación.
Estas cifras corresponden a categorías distintas: el número de personas detenidas durante los operativos y el de expedientes procesados para retorno a sus países de origen.
Las operaciones contaron con el respaldo del Ejército de República Dominicana, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre.
Crisis haitiana y vigilancia fronteriza
El reforzamiento de los controles ocurre mientras Haití atraviesa una prolongada crisis de seguridad vinculada a la actividad de grupos armados.
Las autoridades dominicanas sostienen que los operativos responden a las directrices del Poder Ejecutivo para mantener el control migratorio en el territorio nacional.
La aplicación de estas medidas debe desarrollarse conforme a la legislación dominicana y las garantías legales correspondientes a las personas intervenidas.

