ROMA, ITALIA. — La primera ministra Giorgia Meloni anunció un endurecimiento de las medidas de seguridad pública después de los disturbios registrados en Milán y otras ciudades italianas, donde algunas movilizaciones sociales derivaron en saqueos, daños a comercios y enfrentamientos con agentes policiales.
El Consejo de Ministros aprobó un decreto que establece sanciones más severas contra quienes participen en actos violentos durante las manifestaciones.
Entre las disposiciones figura una nueva infracción penal por participación violenta en protestas, con penas que pueden alcanzar cinco años de prisión y multas de hasta 20,000 euros.
Menores y padres también quedan bajo las nuevas medidas
El decreto amplía las facultades policiales para actuar respecto a adolescentes de entre 14 y 17 años considerados un riesgo para la seguridad pública, bajo las condiciones establecidas por la normativa.
También contempla responsabilidades económicas para los padres cuando sus hijos menores participen en actos de vandalismo y ocasionen daños.
Las medidas han provocado un debate sobre los límites de la intervención policial y las garantías legales aplicables a los adolescentes.
Refuerzo militar en Milán
El Gobierno anunció el despliegue de 500 militares adicionales para reforzar la protección de instalaciones y zonas sensibles de Milán hasta finales de 2026.
La decisión responde a los recientes episodios de violencia registrados en medio de protestas relacionadas con el costo de la vida y otras demandas sociales.
Sin embargo, numerosas manifestaciones en Italia han transcurrido pacíficamente, por lo que las autoridades deben distinguir entre el ejercicio legítimo del derecho a protestar y los delitos cometidos durante determinados disturbios.
Inteligencia artificial y reconocimiento biométrico
La discusión sobre seguridad coincide con la regulación italiana del uso de inteligencia artificial en las actividades policiales.
El marco normativo contempla identificación biométrica en tiempo real únicamente en situaciones excepcionales, por períodos limitados y con autorización judicial.
También establece restricciones a la recopilación masiva e indiscriminada de información biométrica y exige supervisión humana sobre las decisiones policiales.
Estas disposiciones tecnológicas forman parte de un marco regulatorio previo y no deben interpretarse automáticamente como autorización para identificar indiscriminadamente a todos los manifestantes.
Seguridad pública frente a libertades ciudadanas
Meloni sostiene que las demandas sociales no justifican la destrucción de propiedades ni los saqueos.
Por otro lado, sectores críticos advierten que las medidas de seguridad deben respetar el derecho a la manifestación pacífica y las garantías fundamentales.
La situación italiana refleja uno de los principales desafíos de los gobiernos europeos: atender el malestar social, proteger a comerciantes y ciudadanos y evitar que las respuestas policiales limiten injustificadamente las libertades públicas.
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