La jueza Yanibet Rivas emitirá este viernes su decisión sobre uno de los expedientes de presunta corrupción más relevantes vinculados al sistema de tránsito nacional
SANTO DOMINGO. — El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto decidir este viernes si envía a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás acusados en el denominado caso Camaleón.
La magistrada Yanibet Rivas evaluará las pruebas presentadas por el Ministerio Público, así como los argumentos de las defensas, para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen la apertura formal de un juicio.
Ministerio Público solicita apertura a juicio
El órgano acusador sostiene que los imputados formaron parte de una presunta estructura dedicada a cometer fraude contra el Estado mediante contratos relacionados con la modernización y operación de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Entre las acusaciones figuran presuntos delitos de corrupción administrativa, estafa contra el Estado, lavado de activos, delitos tecnológicos y otras infracciones contempladas en la legislación dominicana.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) considera que las evidencias reunidas durante la investigación son suficientes para que todos los involucrados enfrenten un juicio de fondo.
Defensa solicita descartar la acusación
Por su parte, los abogados de los acusados han solicitado un auto de no ha lugar, argumentando que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no demuestran responsabilidad penal de sus representados y que el expediente carece de fundamentos suficientes para avanzar a la siguiente etapa procesal.
La decisión de la jueza marcará un punto clave en el proceso judicial, ya que definirá si el caso continúa hacia una fase de juicio oral y público o si algunos de los imputados quedan fuera del expediente.
¿Qué es el caso Camaleón?
La investigación gira en torno a presuntas irregularidades en contratos vinculados al sistema de semáforos inteligentes del Gran Santo Domingo y otras operaciones que, según el Ministerio Público, habrían provocado perjuicios económicos al Estado dominicano. El expediente involucra a exfuncionarios, empresarios y varias entidades comerciales señaladas por las autoridades como parte de una supuesta red de corrupción.
Expectativa por la decisión judicial
La resolución del tribunal es observada con atención por diversos sectores debido a la relevancia pública de los imputados y al alcance de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público. El fallo determinará el futuro inmediato de uno de los casos de presunta corrupción administrativa más importantes de los últimos años.
